Una paz abrumada por el incumplimiento[1]

A finales de 2016, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) firmaron un histórico acuerdo de paz cuyo objetivo era poner fin a décadas de guerra y violencia, buscando impedir que haya más víctimas a causa del conflicto, así como concentrar todos los esfuerzos en la construcción de una paz estable y duradera. Tras la firma, aproximadamente 13 000 combatientes de las FARC dejaron las armas y se acogieron a un proceso de reinserción a la vida civil, lo cual implicaba tanto múltiples desafíos como la esperanza de una vida libre de violencia.

Para abril del presente año, según un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al menos 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde 2016. Este panorama refleja los paupérrimos esfuerzos del Gobierno para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes han abandonado las armas, así como de aquellos y aquellas que defienden los derechos de sus comunidades y territorios. Asimismo, dado que la mayor parte del conflicto fue librado en el campo, los acuerdos habían prometido la implementación de una Reforma Rural Integral que pretendía superar la pobreza y la desigualdad en el campo. Sin embargo, la ejecución de esta se ha caracterizado por su lentitud. El  año pasado, el Instituto Kroc señaló que, si bien continúan los procesos de implementación de la Reforma Rural Integral, solo se ha ejecutado un 3% de los objetivos de dicha reforma.

Hoy en día, muchos territorios, y en especial las zonas de reincorporación, carecen tanto de servicios básicos como de un acceso educativo para niños, jóvenes y adultos que buscan nuevas oportunidades. Además, la asistencia al agro quedó en promesas vacías. Los campesinos no han recibido un apoyo significativo que permita la sustitución de cultivos ilícitos y el Gobierno, desconociendo que esta es una cuestión que exige un abordaje estructural y diferencial que priorice las realidades y necesidades del campesinado, ha pretendido este año el retorno a la aspersión con glifosato, el cual acarrea un grave peligro para los ecosistemas del campo y la salud de los campesinos y campesinas.

Los acuerdos también buscaban promover una paz sostenible por el camino de la igualdad de género. Esto significó un logro sin precedentes a nivel global en la aplicación de los estándares internacionales relacionados con la igualdad de género para la consolidación de la paz, lo cual implicó reconocer que el conflicto golpea a las mujeres y niñas de manera diferenciada. El Acuerdo Final contemplaba alrededor de 130 medidas afirmativas para promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres —especialmente en el campo—, como la participación femenina en los diálogos, la garantía de inclusión de dos organizaciones de mujeres en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) y la colaboración en los avances del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) para identificar el riesgo diferencial de las mujeres y la población LGBT. Son varios e importantes los avances tanto en lo político como lo social, pero aún son insuficientes y se desarrollan a un ritmo menor de lo que se había pactado. Esto produce la pérdida de confianza de las mujeres, y la ciudadanía en general, en el proceso. Para este año, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indicó que el 47 % de los hogares con jefatura femenina en las zonas rurales están en condiciones de pobreza, una cifra que deja mucho por desear.

Nuevamente, era una verdad indiscutible que el cumplimiento de los acuerdos de paz traería consigo diversas complicaciones, demoras, problemas de presupuesto y voces en contra. Sin embargo, el abandono y la falta de compromiso por parte del Gobierno no ha hecho más que darles la espalda a las víctimas y a todos aquellos que creyeron en la paz. El apoyo para la implementación de unos acuerdos cuyo cumplimiento sea integral y diferencial no puede desvanecerse. La paz no debe ser un sueño.

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[1] Este comunicado fue escrito por Natalia Maldonado, la revisión editorial estuvo a cargo de Cristian Erazo, ambos miembros del equipo OEM.