Derechos humanos y derecho internacional humanitario en el marco del paro nacional en Colombia[1]

La paz no sólo consiste en poner fin a la violencia o a la guerra, sino a todos los demás factores que amenazan la paz, como la discriminación, la desigualdad, la pobreza (Aung San Suu Kyi, politóloga y activista birmana).

Después de la profunda violencia y los crímenes vividos en la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional construyó una carta de derechos que afirmó los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo. De ahí surgió la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Esta declaración es un referente nacional e internacional en la protección y las garantías de los derechos de todos, todes y todas, y, en consecuencia, debe considerarse como un marco rector para la resolución de cualquier conflicto.

Hace más de un mes inició el paro nacional en Colombia. Esto ha traído consigo procesos de profunda reflexión, confrontación, días difíciles y días esperanzadores. La evidencia de una juventud que reclama un mejor futuro con vehemencia pone sobre la mesa discusiones en torno a la igualdad y la justicia tan necesarias para avanzar como sociedad. No obstante, ha habido numerosas vulneraciones de los derechos humanos y ausencia de garantías necesarias para la expresión de múltiples voces (favorables y disidentes) en el marco del paro nacional. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se reportaron 63 víctimas mortales entre el 28 de abril y el 28 de mayo de 2021: los reportes indican que 18 de estos crímenes fueron perpetrados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), 13 por la Policía Nacional, 8 por civiles, 3 por el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía, 2 por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, y 19 hechos no han sido esclarecidos. Además, la cifra de desapariciones no ha sido determinada y el Gobierno no ha dado una respuesta clara sobre estas. A esto se suman otros hechos violentos que, según la ONG Temblores, se han presentado en el primer mes del paro nacional:

  • 1133 víctimas de violencia física;
  •  1445 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes;
  •  648 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas;
  •  47 víctimas de agresiones oculares;
  • 175 casos de disparos de arma de fuego;
  • 22 víctimas de violencias basadas en género.

Todos estos hechos constituyen asuntos de extrema gravedad que deben ser verificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nos sumamos al llamado de la pertinente y necesaria visita de la Comisión. Desde nuestra apuesta como defensoras de los derechos de las mujeres, observamos con extrema preocupación la sistematicidad, por parte de los actores armados, en la vulneración y naturalización de la violencia sexual como una práctica de castigo hacia las mujeres. Esto se perpetúa y reproduce en las instituciones estatales, las cuales no han tomado medidas efectivas y, por el contrario, han guardado un silencio cómplice que rechazamos y frente al cual exigimos respuestas y transformaciones.

Consideramos necesario generar una discusión de fondo en todas las esferas de la sociedad frente a la violencia sexual ejercida por parte de todos los actores armados en el marco del conflicto. En este sentido, no podemos permitir ni aceptar bajo ninguna circunstancia que la violencia se perpetúe en el cuerpo de las mujeres. Estas prácticas sistemáticas de amedrentamiento y vulneración contra las mujeres deben eliminarse. El cuerpo de la mujer no puede ser visto por los actores del conflicto como instrumento de guerra y objeto sexual. Es importante precisar que los actos de intimidación u otras formas de violencia sexual constituyen una grave infracción de convenios internacionales y normas nacionales. Por ejemplo, transgreden la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979; la Convención de Belém do Pará, enfocada en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y la Ley 1257 de 2008, la cual dicta medidas para la sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres en Colombia.

Los hechos violentos ocurridos durante el paro nacional también nos deben conducir a forjar procesos bajo el marco del respeto, el diálogo y la humanización del otro/a/e. Consideramos que existen marcos normativos cruciales para esto. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad, y la Constitución Política de Colombia define el respeto por la libre expresión como un derecho fundamental en el artículo 20. Estos marcos son relevantes no solo para garantizar las acciones de protesta social y los derechos relacionados a estas, sino también para propiciar el diálogo y la escucha de todas las voces participantes en el paro, especialmente aquellas que han sido invisibilizadas y silenciadas por mucho tiempo. Estas voces hoy son encarnadas por jóvenes. Finalmente, convocamos a la sociedad colombiana a dirimir las diferencias y confrontaciones a través de la construcción de paz, tejido social y solidaridad. Esta apuesta nos permitiría avanzar en el propósito de construir un país con vida digna para todos, todes y todas.

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[1] Este comunicado fue escrito por Jackeline Cuenca, investigadora del Equipo de Incidencia en Política, y la edición editorial estuvo a cargo de Cristian Erazo. Ambos son integrantes del Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM).