Inicio/Noticias

Boletín #8 OEM- Violencia Económica

Este Octavo boletín OEM titulado “Violencia económica  en tiempos de pandemia en cuatro municipios del Valle del Cauca” muestra El impacto del confinamiento, sumado a las débiles políticas públicas al servicio de la mitigación de las VBG puso a las mujeres en una situación de vulnerabilidad mayor.

Boletín #8 OEM- Violencia Económica2021-08-04T08:58:39-05:00

Derechos humanos y derecho internacional humanitario en el marco del paro nacional en Colombia

Derechos humanos y derecho internacional humanitario en el marco del paro nacional en Colombia[1]

La paz no sólo consiste en poner fin a la violencia o a la guerra, sino a todos los demás factores que amenazan la paz, como la discriminación, la desigualdad, la pobreza (Aung San Suu Kyi, politóloga y activista birmana).

Después de la profunda violencia y los crímenes vividos en la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional construyó una carta de derechos que afirmó los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo. De ahí surgió la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Esta declaración es un referente nacional e internacional en la protección y las garantías de los derechos de todos, todes y todas, y, en consecuencia, debe considerarse como un marco rector para la resolución de cualquier conflicto.

Hace más de un mes inició el paro nacional en Colombia. Esto ha traído consigo procesos de profunda reflexión, confrontación, días difíciles y días esperanzadores. La evidencia de una juventud que reclama un mejor futuro con vehemencia pone sobre la mesa discusiones en torno a la igualdad y la justicia tan necesarias para avanzar como sociedad. No obstante, ha habido numerosas vulneraciones de los derechos humanos y ausencia de garantías necesarias para la expresión de múltiples voces (favorables y disidentes) en el marco del paro nacional. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se reportaron 63 víctimas mortales entre el 28 de abril y el 28 de mayo de 2021: los reportes indican que 18 de estos crímenes fueron perpetrados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), 13 por la Policía Nacional, 8 por civiles, 3 por el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía, 2 por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, y 19 hechos no han sido esclarecidos. Además, la cifra de desapariciones no ha sido determinada y el Gobierno no ha dado una respuesta clara sobre estas. A esto se suman otros hechos violentos que, según la ONG Temblores, se han presentado en el primer mes del paro nacional:

  • 1133 víctimas de violencia física;
  •  1445 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes;
  •  648 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas;
  •  47 víctimas de agresiones oculares;
  • 175 casos de disparos de arma de fuego;
  • 22 víctimas de violencias basadas en género.

Todos estos hechos constituyen asuntos de extrema gravedad que deben ser verificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nos sumamos al llamado de la pertinente y necesaria visita de la Comisión. Desde nuestra apuesta como defensoras de los derechos de las mujeres, observamos con extrema preocupación la sistematicidad, por parte de los actores armados, en la vulneración y naturalización de la violencia sexual como una práctica de castigo hacia las mujeres. Esto se perpetúa y reproduce en las instituciones estatales, las cuales no han tomado medidas efectivas y, por el contrario, han guardado un silencio cómplice que rechazamos y frente al cual exigimos respuestas y transformaciones.

Consideramos necesario generar una discusión de fondo en todas las esferas de la sociedad frente a la violencia sexual ejercida por parte de todos los actores armados en el marco del conflicto. En este sentido, no podemos permitir ni aceptar bajo ninguna circunstancia que la violencia se perpetúe en el cuerpo de las mujeres. Estas prácticas sistemáticas de amedrentamiento y vulneración contra las mujeres deben eliminarse. El cuerpo de la mujer no puede ser visto por los actores del conflicto como instrumento de guerra y objeto sexual. Es importante precisar que los actos de intimidación u otras formas de violencia sexual constituyen una grave infracción de convenios internacionales y normas nacionales. Por ejemplo, transgreden la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979; la Convención de Belém do Pará, enfocada en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y la Ley 1257 de 2008, la cual dicta medidas para la sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres en Colombia.

Los hechos violentos ocurridos durante el paro nacional también nos deben conducir a forjar procesos bajo el marco del respeto, el diálogo y la humanización del otro/a/e. Consideramos que existen marcos normativos cruciales para esto. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad, y la Constitución Política de Colombia define el respeto por la libre expresión como un derecho fundamental en el artículo 20. Estos marcos son relevantes no solo para garantizar las acciones de protesta social y los derechos relacionados a estas, sino también para propiciar el diálogo y la escucha de todas las voces participantes en el paro, especialmente aquellas que han sido invisibilizadas y silenciadas por mucho tiempo. Estas voces hoy son encarnadas por jóvenes. Finalmente, convocamos a la sociedad colombiana a dirimir las diferencias y confrontaciones a través de la construcción de paz, tejido social y solidaridad. Esta apuesta nos permitiría avanzar en el propósito de construir un país con vida digna para todos, todes y todas.

Descarga aquí el comunicado

[1] Este comunicado fue escrito por Jackeline Cuenca, investigadora del Equipo de Incidencia en Política, y la edición editorial estuvo a cargo de Cristian Erazo. Ambos son integrantes del Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM).

Derechos humanos y derecho internacional humanitario en el marco del paro nacional en Colombia2021-06-11T10:28:13-05:00

Enfoque de género y movilización en el paro nacional

Enfoque de género y movilización en el paro nacional

En Colombia, el 28 de abril de 2021, diferentes organizaciones políticas convocaron a la ciudadanía a un paro nacional por las garantías a la vida y el retiro de la reforma tributaria. Desde el inicio, este paro ha tenido implicaciones particulares para las mujeres. La reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional no solo conllevaba la imposición de mayores cargas fiscales para múltiples sectores sociales, sino también una serie de impuestos en algunos productos necesarios y básicos para las mujeres (toallas higiénicas, tampones y otros productos relacionados con la salud sexual y reproductiva). Además, el Grupo de Género y Justicia Económica —perteneciente a la Red de Justicia Tributaria en Colombia— ha demostrado que este tipo de reformas suele afectar más a las mujeres en la medida en que la pobreza recae con más fuerza sobre ellas en este país[1].

Durante el paro nacional, una gran cantidad de mujeres y comunidad LGTBIQ han participado en puntos de concentración y manifestaciones pacíficas desarrolladas en todo el país. En estos escenarios, muchas de ellas han sido víctimas de abusos y agresiones por parte de la fuerza pública. De acuerdo a Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)[1], entre el 28 de abril y el 18 de mayo de este año, ha habido 18 víctimas de violencia sexual en Colombia. Adicionalmente, en Cali, diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado amenazas por parte de miembros de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) contra las mujeres manifestantes, sobre todo por medio de comentarios que aluden a una violación sexual en caso de que continúen participando de manera activa en las protestas. Sumado a esto, los 51 asesinatos que han ocurrido durante el paro, según las cifras de Temblores ONG e Indepaz, implican dolores y duelos que deben enfrentar las madres de decenas de jóvenes que han sido asesinados en las últimas semanas.

Desde el enfoque de género, otro aspecto que proponemos cuestionar y analizar es el uso de expresiones machistas en arengas y pancartas durante las manifestaciones. Los términos “perra”, “puta” y “marica” han sido usados por manifestantes para referirse al presidente y a la fuerza pública. Durante mucho tiempo, tales términos se han empleado para designar de manera peyorativa un tipo de feminidad y unas apuestas identitarias no hegemónicas, las cuales han sido sancionadas y fuertemente señaladas socialmente. Sin embargo, diferentes colectivos de mujeres y comunidad LGTBIQ han asumido el uso de los mismos términos como una estrategia de lucha para reivindicar, por ejemplo, el derecho a que las mujeres y las personas no binarias experimenten placer sin temor a ser llamadas “perras”, “putas” o “maricas”. Esto ha puesto sobre la mesa la resignificación de dichas palabras y los derechos sexuales de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ.

En el marco del paro nacional, las acciones de la fuerza pública han potenciado estructuras patriarcales y heteronormativas en las que se ejercen actos de dominación, exclusión y explotación de las mujeres y la comunidad LGTBIQ, configurando sus cuerpos y vidas como botines de guerra. Asimismo, las movilizaciones se han convertido en un espacio donde se usan expresiones que, en lugar de plantear posturas críticas y reforzar las luchas de las mujeres, reproducen discursos machistas y heteronormativos. En consecuencia, consideramos que el enfoque de género debe hacer parte de los análisis y discusiones que se desarrollan en contextos locales y nacionales, desde las asambleas barriales hasta las reuniones entre representantes de las organizaciones civiles y miembros del Gobierno Nacional.

Descarga aquí el comunicado

Laura Escamilla y Emily Sosa

Equipo OEM

Enfoque de género y movilización en el paro nacional2021-06-01T13:21:22-05:00

Boletín #7 OEM- Genero y democracia

Este séptimo boletín OEM titulado “Género y democracia: retos de la participación política femenina en Colombia” muestra las reflexiones desde el OEM y en asocio de Congreso Visible sobre los avances y obstáculos persistentes para alcanzar ejercicios de representación política equitativa en Colombia.

Boletín #7 OEM- Genero y democracia2021-05-31T16:50:32-05:00

Ollas comunitarias y cuidado: aspectos clave dentro de la movilización social

Ollas comunitarias y cuidado: aspectos clave dentro de la movilización social [1]

Durante el paro nacional de 2021 en Colombia, el sostenimiento de las movilizaciones sociales ha dependido, en buena medida, de diferentes procesos comunitarios y prácticas de cuidado que tienen lugar en los diferentes puntos clave de la movilización. Una de estas prácticas es la organización de  ollas comunitarias, las cuales han servido para alimentar a los y las manifestantes, configurándose como espacios de cuidado en los barrios y territorios en este momento de agitación social y política. En este sentido, hacer un acercamiento a las ollas comunitarias no solo es acercarse a la elaboración de alimentos, sino también a las redes que se tejen en torno a las ollas y, sobre todo, a quienes están a cargo de estos espacios de suma importancia para el sostenimiento de la vida durante las manifestaciones y protestas del paro nacional.

Según la Olla de la Dignidad, una iniciativa caleña sin ánimo de lucro enfocada en realizar ollas en lugares donde la seguridad alimentaria está en riesgo, entre el 6 y el 15 de mayo de 2021 se realizaron 80 ollas comunitarias en las que se sirvieron alrededor de 12 000 platos de comida en la ciudad de Cali. Estas ollas se subsidian a partir donaciones, así como de iniciativas locales y barriales que promueven la elaboración alimentos de forma comunitaria en diferentes puntos de Cali.

Es importante señalar que, durante el paro nacional, la participación comunitaria de las mujeres ha ido incrementando. Algunas adelantan un rol activo en las primeras líneas de resistencia en diferentes puntos de concentración, y otras se encargan de desarrollar labores de cuidado, cubriendo necesidades básicas de alimentación. En todo el territorio nacional, la mayor parte de las ollas comunitarias, que tienen como fin abastecer de alimentos a los y las manifestantes, y en especial a los y las jóvenes que se encuentran en las primeras líneas, son lideradas por mujeres. Nos referimos a muchas mujeres, quienes además de las labores que desarrollan en cada uno de sus hogares, asumen una doble responsabilidad frente a la colectividad.

Mientras en diferentes territorios se adelantan protestas pacíficas y en muchas de ellas se recibe represión y violencia desmedida por parte de la fuerza pública, las mujeres que lideran las ollas comunitarias distribuyen su tiempo entre el cuidado de sus hijos e hijas y el trabajo voluntario. Desde el Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM), consideramos que es importante reflexionar de manera crítica sobre esto. En particular, queremos resaltar tres aspectos. En primer lugar, las ollas comunitarias han cumplido un rol fundamental durante el paro nacional de 2021, pues han contribuido a que las movilizaciones se conviertan en ejercicios de largo aliento. En segundo lugar, las mujeres han sido quienes se han encargado mayoritariamente de las ollas comunitarias —entendidas como espacios de alimentación y cuidado—, y esto refuerza la asignación social de género en la que el cuidado suele recaer en las mujeres. Por último, las ollas comunitarias pueden abordarse como un punto de partida para analizar fenómenos más amplios, como la importancia del cuidado en el sostenimiento de las sociedades y de la vida, y el hecho de que dicho cuidado sea comúnmente ejercido por las mujeres.

Finalmente, desde el OEM queremos cerrar esta comunicado con una invitación a que no solo sigamos reflexionando sobre el cuidado, sino también a que hagamos del cuidado una labor que se reconozca, se redistribuya y se reduzca en cuanto a la carga que representa para las mujeres, quienes son las principales actoras designadas de forma histórica para esta labor.

Descarga aquí el comunicado

[1] Este comunicado fue escrito por Laura Escamilla, la revisión editorial estuvo a cargo de Cristian Erazo, ambos miembros del equipo OEM.

Ollas comunitarias y cuidado: aspectos clave dentro de la movilización social2021-05-27T16:22:02-05:00

Una paz abrumada por el incumplimiento

Una paz abrumada por el incumplimiento[1]

A finales de 2016, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) firmaron un histórico acuerdo de paz cuyo objetivo era poner fin a décadas de guerra y violencia, buscando impedir que haya más víctimas a causa del conflicto, así como concentrar todos los esfuerzos en la construcción de una paz estable y duradera. Tras la firma, aproximadamente 13 000 combatientes de las FARC dejaron las armas y se acogieron a un proceso de reinserción a la vida civil, lo cual implicaba tanto múltiples desafíos como la esperanza de una vida libre de violencia.

Para abril del presente año, según un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al menos 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde 2016. Este panorama refleja los paupérrimos esfuerzos del Gobierno para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes han abandonado las armas, así como de aquellos y aquellas que defienden los derechos de sus comunidades y territorios. Asimismo, dado que la mayor parte del conflicto fue librado en el campo, los acuerdos habían prometido la implementación de una Reforma Rural Integral que pretendía superar la pobreza y la desigualdad en el campo. Sin embargo, la ejecución de esta se ha caracterizado por su lentitud. El  año pasado, el Instituto Kroc señaló que, si bien continúan los procesos de implementación de la Reforma Rural Integral, solo se ha ejecutado un 3% de los objetivos de dicha reforma.

Hoy en día, muchos territorios, y en especial las zonas de reincorporación, carecen tanto de servicios básicos como de un acceso educativo para niños, jóvenes y adultos que buscan nuevas oportunidades. Además, la asistencia al agro quedó en promesas vacías. Los campesinos no han recibido un apoyo significativo que permita la sustitución de cultivos ilícitos y el Gobierno, desconociendo que esta es una cuestión que exige un abordaje estructural y diferencial que priorice las realidades y necesidades del campesinado, ha pretendido este año el retorno a la aspersión con glifosato, el cual acarrea un grave peligro para los ecosistemas del campo y la salud de los campesinos y campesinas.

Los acuerdos también buscaban promover una paz sostenible por el camino de la igualdad de género. Esto significó un logro sin precedentes a nivel global en la aplicación de los estándares internacionales relacionados con la igualdad de género para la consolidación de la paz, lo cual implicó reconocer que el conflicto golpea a las mujeres y niñas de manera diferenciada. El Acuerdo Final contemplaba alrededor de 130 medidas afirmativas para promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres —especialmente en el campo—, como la participación femenina en los diálogos, la garantía de inclusión de dos organizaciones de mujeres en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) y la colaboración en los avances del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) para identificar el riesgo diferencial de las mujeres y la población LGBT. Son varios e importantes los avances tanto en lo político como lo social, pero aún son insuficientes y se desarrollan a un ritmo menor de lo que se había pactado. Esto produce la pérdida de confianza de las mujeres, y la ciudadanía en general, en el proceso. Para este año, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indicó que el 47 % de los hogares con jefatura femenina en las zonas rurales están en condiciones de pobreza, una cifra que deja mucho por desear.

Nuevamente, era una verdad indiscutible que el cumplimiento de los acuerdos de paz traería consigo diversas complicaciones, demoras, problemas de presupuesto y voces en contra. Sin embargo, el abandono y la falta de compromiso por parte del Gobierno no ha hecho más que darles la espalda a las víctimas y a todos aquellos que creyeron en la paz. El apoyo para la implementación de unos acuerdos cuyo cumplimiento sea integral y diferencial no puede desvanecerse. La paz no debe ser un sueño.

Descarga aquí el comunicado

[1] Este comunicado fue escrito por Natalia Maldonado, la revisión editorial estuvo a cargo de Cristian Erazo, ambos miembros del equipo OEM.

Una paz abrumada por el incumplimiento2021-05-28T11:13:59-05:00

Reforma a la salud, equidad y género: más allá del aseguramiento

Reforma a la salud, equidad y género: más allá del aseguramiento[1]

Una vez retirado el proyecto de reforma tributaria, tras cinco días de una fuerte movilización social que empezó en las calles colombianas el pasado 28 de abril, el punto que tomó mayor fuerza en el pliego de peticiones del Comité Nacional de Paro es el retiro de otra de las reformas que el Gobierno Nacional ha impulsado en el Congreso de la República[1]. Se trata del Proyecto de Ley 010 de 2020 en el Senado y 425 de 2020 en la Cámara, mediante el cual “se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del Sistema de Salud”[2]. Este proyecto de ley, al igual que la reforma tributaria, ha sido muy polémico, y aunque contó con las mayorías legislativas para ser aprobado, muchos son los sectores de la sociedad que rechazan su espíritu. Desde el Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM), nos sumamos a las asociaciones de médicos internos y residentes, enfermeras, hospitales y clínicas, academia, asociaciones de pacientes, movimientos sociales y sociedad civil en general, que reconocen que este proyecto de ley, lejos de contribuir a la garantía y materialización del derecho fundamental a la salud de las, les y los colombianos, profundiza algunos problemas estructurales propios del modelo de aseguramiento en salud que introdujo la reforma propuesta por la Ley 100 de 1993.

A modo de contexto, la Ley 100 introdujo en Colombia un arreglo institucional que buscó el aseguramiento universal de la población (principio de igualdad) a través del acceso a un paquete básico de salud. En un contexto de reformas neoliberales en América Latina, el sistema de salud colombiano se configuró mediante un mercado regulado de aseguramiento en salud, en donde el Estado regula y el mercado (aseguradoras y EPS [Entidades Prestadoras de Salud) se encarga de la mediación, articulación e intermediación entre los recursos públicos existentes y la prestación de los servicios de salud. Aunque el modelo ha sido considerado por muchos como un caso exitoso por el impacto social significativo en la ampliación de la cobertura y la disminución de brechas en el uso de servicios de salud[3], una de las deudas del sistema de salud colombiano, veintiocho años después de la reforma, es la fragmentación de la prestación de los servicios de salud y la respuesta a los problemas de salud colectiva del país.

Un claro ejemplo de ello es la desterritorialización de la salud. Debido a que el modelo está basado en el aseguramiento del individuo y tiene una visión centrada en la enfermedad, muy poco le importa a este sistema las condiciones estructurales que atraviesan la vida de las, les y los pacientes (determinantes sociales de la salud). Bajo estas condiciones, quienes se ven mayormente afectadas son las poblaciones rurales de Colombia, las cuales, además de tener una presencia débil del Estado y una precaria oferta institucional en salud –lo que se traduce en grandes brechas en el acceso–, no cuentan con mínimos vitales como acceso a agua potable. La gran promesa de cobertura universal en salud de la Ley 100 no alcanzó para estas comunidades.

Frente a la imperiosa necesidad de introducir una reforma a la salud en Colombia, el Gobierno Nacional ha presentado el Proyecto de Ley 010 como una posibilidad para avanzar en la regionalización del sistema de salud; renovar la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) a través de la incorporación de un enfoque de salud familiar y comunitario; crear redes integrales e integradas de salud que aseguren la atención en el municipio de residencia del paciente; racionalizar la oferta de aseguradores; avanzar en la formalización laboral del talento humano en salud; retirar las EPS ineficientes mediante un proceso de depuración progresivo[5]; y, en general, garantizar un mayor acceso a la salud y servicios con oportunidad y calidad en la atención. Sin embargo, esta parece ser una reforma que no genera cambios sustanciales en la estrutura del sistema. No será posible hablar de la salud como un derecho fundamental mientras el actual sistema de salud siga operando bajo una lógica de rentabilidad; no aborde la fragmentación del aseguramiento que lleva a que se dividan las actividades de promoción y prevención (lo colectivo) de las actividades de atención de la enfermedad (lo individual); siga privilegiando una visión hipermedicalizada de la salud y hospitalocéntrica; no aborde los determinantes sociales de la salud, y no ponga el foco en las inequidades en salud a través de la incorporación del enfoque de género y el enfoque interseccional (interelación entre clase, etnia, edad, género y territorio).

Llama muchísimo la atención que esta reforma a la salud, al igual que las que se han adelantado en los últimos treinta años, no tenga un análisis de sus impactos en género, tanto por las desigualdades en los resultados y la atención en salud como por la feminización del sistema[6]. En relación con los resultados y atención en salud, preocupa el comportamiento regional, por ejemplo, de indicadores como la tasa de mortalidad materna, el embarazo adolescente y el acceso a derechos de salud sexual y reproductiva. Las tasas más altas de mortalidad materna se presentan en Vichada (547,3), Guanía (323,3), Vaupés (147,3), Chocó (130,7) y San Andrés (127,9), que son territorios habitados, mayoritariamente, por mujeres indígenas, afrodescendientes, raizales y palenequeras. Estas cifras sobresalen respecto a la tasa nacional, que es 32[7]. Esto sugiere la necesidad (re)pensar el sistema de salud en Colombia bajo la mirada del género y un enfoque intercultural y regional. Otro es el debate sobre la feminización del sistema. Las mujeres estamos sobrerrepresentadas en la estructura sanitaria, tal vez por la carga en el cuidado y el sostenimiento de la vida que históricamente ha recaído sobre nosotras; pero, irónicamente, los condicionantes de género, las inequidades y la violencia machista en el campo médico han sido completamente invisibilizados[8].

La historia nos ha demostrado que el aumento en la cobertura de protección social no es suficiente para superar las inequidades en salud. Avanzar en el debate de política pública sobre la orientación de un sistema que garantice la salud como un derecho fundamental, implica incorporar la perspectiva de género. Desde el OEM proponemos dos elementos inciales para la reflexión. Primero, la necesidad de abordar la producción social de la salud, esto es, entender “la salud como un objeto construido y transformado cultural, social e históricamente como producto de la existencia humana”[9], el cual está articulado a la realidad subjetiva de un cuerpo que vive la enfermedad. Esto significa situar a las mujeres en sus condiciones materiales, estructurales y simbólicas, así como desligar sus malestares de la enfermedad. Una de las grandes críticas que desde el feminismo se le ha hecho a la salud es la alta “medicalización del malestar de las mujeres, causado por los condicionantes de género, de manera que transforma en enfermedad individual lo que es violencia estructural, y actúa como herramienta de control social, legitimando la desigualdad y la violencia hacia las mujeres”[10]. Segundo, privilegiar un modelo basado en la integralidad en salud que trascienda el aseguramiento individual y profundice acciones de salud colectiva. Si bien ya hemos planteado que el modelo de aseguramiento presenta un problema general para la garantía del derecho a la salud, para la equidad de género presenta un problema específico. Así lo reconoce Débora Tajer, especialista en género y salud: “No es posible una agenda en género y salud bajo este modelo”.

Descarga aquí el comunicado

Equipo OEM

[1] Este comunicado fue escrito por Laura Blandón Lotero, y la edición editorial estuvo a cargo de Cristian Erazo, ambos miembros del Equipo OEM.

[2] Aunque el proyecto de la Ley 010 fue, en principio, una iniciativa parlamentaria, el Gobierno Nacional ha mostrado su apoyo a la iniciativa a través del ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruíz. Incluso, por solicitud del gobierno (septiembre de 2020), el proyecto de reforma que hoy cursa en las Comisiones Séptimas de Cámara y Senado, cuenta con mensaje de urgencia. Esto significa que el proceso de discusión y aprobación se reduce a la mitad del tiempo estipulado. Pese a esto, el proyecto de ley que se radicó en el Congreso el 20 de julio de 2020 aún no ha sido votado.

[3] http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/index.xhtml.

[4] http://agaviria.co/2020/03/sobre-el-sistema-de-salud-colombiano.html

[5] https://twitter.com/MinSaludCol?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

[6] Según datos del Ministerio de Salud (2020), del total de personas ocupadas laboralemenre en el sector salud, el 74% son mujeres.

[7] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/publicaciones/mujeres-y-hombre-brechas-de-genero-colombia-informe.pdf. Estas tasas se refieren a la cantidad de muertes por cada 100 000 nacidos vivos.

[8] http://www.uncuyo.edu.ar/desarrollo/el-sistema-de-salud-desde-la-perspectiva-de-genero

[9] http://www.scielo.org.co/pdf/recis/v15n3/1692-7273-recis-15-03-00397.pdf

[10] http://www.uncuyo.edu.ar/desarrollo/el-sistema-de-salud-desde-la-perspectiva-de-genero

Reforma a la salud, equidad y género: más allá del aseguramiento2021-05-14T17:59:02-05:00

¡La gravedad del Estado colombiano!

¡La gravedad del Estado colombiano![1]

Hoy, la gravedad y el peso histórico y sistemático de las instituciones muestran un uso ilegítimo sobre las, les y los colombianos. Desde el pasado 28 de abril, las personas que habitamos el territorio de Colombia hemos evidenciado las consecuencias de las condiciones inequitativas y desiguales en nuestro país, además de la evidente desconexión entre las realidades de las personas que habitamos este país y las decisiones de quienes afirman representar estas necesidades. La versión más cruel de estas brechas se evidencia en el uso indiscriminado del monopolio de la violencia —otorgado a la Policía y las Fuerzas Armadas por las, les y los ciudadanos— contra la misma ciudadanía que tienen por objeto proteger. Hoy, desde el Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM), repudiamos los 1181 casos de violencia policial, 92 víctimas de abuso de la fuerza, y las 672 detenciones arbitrarias[2]. Hoy conmemoramos la memoria y firmeza de las 37 personas asesinadas, las 216 víctimas de violencia física, las 10 víctimas de violencia sexual y las 12 víctimas de agresiones a los ojos desde el 28 de abril hasta el día de hoy[3].

Las funciones del Estado colombiano incluyen los deberes de garantizar las condiciones de vida digna, el buen vivir y el bien-estar de las personas que habitan su territorio (capacidad); usar el monopolio del uso de la violencia para la protección de estos habitantes (autoridad), y representar a la ciudadanía a través de estas instituciones (legitimidad)[4]. Hoy, Colombia muestra unas enormes deficiencias en todas sus funciones. Además, si las analizamos desde una perspectiva de género, estas deficiencias se profundizan y recrudecen. Por mencionar algunos datos, en el primer mes del 2021, la tasa de desempleo nacional fue de 17,3%, y en las ciudades y áreas metropolitanas fue de 19,5%[5]. En comparación con el 2020, la tasa nacional de desempleo aumentó 4,3 puntos porcentuales, y en las ciudades y áreas metropolitanas, 6,6 puntos porcentuales. Esto afecta más a las mujeres en Colombia: por cada 12 hombres desempleados, hay 21 mujeres desempleadas en el 2021. Según las mediciones del OEM, en el 2019, de cada 100 mujeres en Cali, solo 11 tenían un empleo formal, 27 se dedicaban exclusivamente al trabajo de cuidado y doméstico (sin remuneración), 21 estaban desempleadas y solo 4 estaban pensionadas. Adicionalmente, las mujeres del Valle del Cauca realizan siete veces más trabajo de cuidado que sus pares hombres[6]. En cuanto a la comunidad LGTBIQ+ en Colombia, en el 2020 sufrió 388 casos de violencias tipificadas como psicológica (154), física (58) y sexual (26). 37 de estos casos, reportó la Defensoría del Pueblo, se dieron “en razón al ejercicio de liderazgo y defensa de los derechos humanos”. Además, de estos, 36 corresponden a violencia por parte de la Policía Nacional[7].

El Estado colombiano falla en sus funciones de capacidad, legitimidad y autoridad, y falla aún más en reconocer el carácter desigual de nuestras realidades. El espacio público, como campo y como escenario arquitectónico, sigue siendo asumido como un escenario que refuerza la dominación masculina, blanca, heterosexual y burgués, donde se penaliza de manera desigual la vinculación de la mujeres y la comunidad LGTBIQ+. “¡Hágale lo que quiera!” fue la frase pronunciada por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) hacia un compañero en un video captado en el marco del Paro Nacional 2021, refiriéndose a una mujer detenida. El cuerpo de las mujeres se ha tratado como un territorio de guerra de manera histórica y sistemática.

Las mujeres se enfrentan a riesgos diferenciados en comparación a los hombres al ejercer el derecho constitucional a la protesta (art. 37 de la Constitución Política de Colombia). En la cotidianidad, las mujeres no tenemos las mismas condiciones de acceso al espacio público que los hombres. Según cifras del 2019 del OEM, en el Valle del Cauca, el 58% de las mujeres dijeron sentirse inseguras en calles distintas a las de su barrio, un 42% en el centro de la ciudad y un 41,2% en el transporte público, entre otros sitios. Esta inseguridad se debe a que históricamente las mujeres han sido asignadas a los espacios privados de la vida como el hogar (división sexual del trabajo), y, estructuralmente, el reto a esta asignación permite que el acoso y la violencia sucedan. Quienes ponemos en cuestión el pacto histórico del escenario público como burgués, blanco, heterosexual y masculino, experimentamos de manera diferenciada vulneraciones y riesgos en el ejercicio de nuestros derechos humanos, sociales, económicos y políticos.

Estas condiciones desiguales en Colombia son históricas y trascienden la situación que estamos atravesando; sin embargo, el Paro Nacional las amplifica. La cifra de mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado es de 26 534 mujeres, según la Unidad para las Victimas. El común denominador de esta cifra es que los distintos actores de la guerra (guerrillas, paramilitares o  fuerzas legítimas del Estado) decidieron abusar de los cuerpos de las mujeres para imponer terror y poderío sobre un territorio o población. La sexualización del cuerpo de las mujeres es un continum en los escenarios de confrontación política. Hasta la fecha, en el marco del Paro Nacional, hay 10 víctimas de violencia sexual por parte del Estado. Estos hechos dejan un sinsabor debido a la manera en que se sigue ejerciendo violencia de forma desmedida, violando los derechos fundamentales de las mujeres y replicando por medio de sus instituciones y sus representantes el mensaje de que los cuerpos de las mujeres son territorios válidos para la guerra y la intimidación.

Por ende, es imperativa una reforma estructural de nuestras instituciones, especialmente de las Fuerzas Armadas. Rita Segato nos habla de la importancia de desvirtuar la pedagogía de las cosas o de la crueldad[8]. Las Fuerzas Armadas Colombianas, y el Estado colombiano en su totalidad, deben desmontar el pacto masculinizado de objetivizar la vida a partir de argumentos que categorizan a un otro —sin importar su ubicación en el sistema sexo-género— como un objeto inerte al que se le puede arrebartar la vida. Este despojo se legitima en unas posturas moralizadoras encarnadas en la categoría de vándalos, o en la frase emitida por el agente de ESMAD contra la mujer: “Usted [mujer] no debe estar acá [espacio público]”[9]. Esta pedagogía de las cosas se encarna también en políticas que fomentan la inequidad y la ampliación de las desigualdades (reforma tributaria, reforma al sistema de salud, reforma pensional, entre otras). Las instituciones, dentro del Estado o fuera de él, debemos propender por poner en el centro de nuestro accionar apuestas y acciones que promuevan una vida para todas, todes y todos que merezca ser vivida, apostándole al buen vivir y al bien-estar de nuestras sociedades. Desde el 28 de abril hasta hoy, Colombia grita que las vidas sean tratadas como tal. Cerramos este comunicado con el nombre de  las 37 personas que han perdido la vida en las manifestaciones del Paro Nacional[10].

Equipo OEM

7 de mayo de 2021

Nombre edad Departamento Ciudad Fecha Presunto Victimario
1 Jeisson García 13 Valle del Cauca Cali 28/04/21 ESMAD
2 Cristian Alexis Moncayo Machado S.I. Valle del Cauca Cali 28/04/21 ESMAD
3 Pol Stiven Sevillano Perea 18 Valle del Cauca Cali 28/04/21 Civil
4 Charlie Parra Banguera 22 Valle del Cauca Cali 28/04/21 ESMAD
5 Michel David Reyes Pérez S.I. Bogotá Bogotá 28/04/21 Civil
6 Brian Gabriel Rojas López S.I. Risaralda La Virginia 28/04/21 ESMAD
7 Marcelo Agredo Inchima 17 Valle del Cauca Cali 29/04/21 Policía
8 Miguel Ángel Pinto Molina 23 Valle del Cauca Cali 29/04/21 Policía
9 Dadimir Daza Correa S.I. Valle del Cauca Cali 29/04/21 ESMAD
10 Daniel Felipe Azcárate Falla 19 Valle del Cauca Cali 29/04/21 ESMAD
11 Einer Alexander Lasso Chará S.I. Valle del Cauca Cali 30/04/21 ESMAD
12 Maria Jovita Osorio S.I. Valle del Cauca Cali 30/04/21 ESMAD
13 Edwin Villa Escobar S.I. Valle del Cauca Cali 30/04/21 ESMAD
14 José Augusto Ortiz Cortés S.I. Valle del Cauca Cali 30/04/21 S.I.
15 Kevin Yair González Ramos S.I. Valle del Cauca Cali 30/04/21 S.I.
16 Jesús Flórez 86 Risaralda Pereira 30/04/21 ESMAD
17 Cap. Jesús Alberto Solano Beltrán 34 Cundinamarca Soacha 30/04/21 S.I.
18 Julia Navarrete S.I Valle del Cauca Cali 30/04/21 S.I.
19 Rosemberg Duglas S.I Valle del Cauca Cali 30/04/21 S.I.
20 Yeison Andrés Angulo Rodríguez 24 Valle del Cauca Cali 1/05/21 ESMAD
21 Santiago Andrés Murillo 19 Tolima Ibagué 1/05/21 Policía
22 Brayan Niño 20 Cundinamarca Madrid 1/05/21 Policía
23 Jefferson Alexis Marín Morales 33 Antioquia Madrid 1/05/21 S.I.
24 Santiago Moreno Moreno 23 Valle del Cauca Cali 1/05/21 S.I.
25 Yofri Cardona 20 Valle del Cauca Cali 1/05/21 S.I.
26 Jhonatan Arlex Quiñones 36 Valle del Cauca Cali 1/05/21 S.I.
27 N.N. Hombre en el Parque de Jovita sin identificación 35 aprox. Valle del Cauca Cali 1/05/21 S.I.
28 Kevin Antoni Agudelo Jiménez 22 Valle del Cauca Cali 3/05/21 ESMAD
29 Nicolás Guerrero 26 Valle del Cauca Cali 3/05/21 ESMAD
30 José Emilson Ambuila S.I. Valle del Cauca Cali 3/05/21 ESMAD
31 Cristian Arturo Hinojosa Murillo 26 Valle del Cauca Cali 3/05/21 S.I.
32 Harold Antonio Rodríguez S.I. Valle del Cauca Cali 3/05/21 S.I.
33 Juan Sebastian Moreno Castro S.I. Santander Floridablanca 3/05/21 ESMAD
34 Mauricio González Escobar 25 Valle del Cauca Cali 3/05/21 S.I.
35 N.N. barrio La Luna 26 Valle del Cauca Cali 3/05/21 S.I.
36 N.N. barrio La Luna S.I. Valle del Cauca Cali 3/05/21 S.I.
37 Wenceslao Solis S.I. Valle del Cauca Cali 3/05/21 S.I.
Descarga aquí el comunicado

Fuente: Indepaz, http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/.

[1] Este comunicado fue escrito por Salomé Arias-Arévalo e Isabella Camacho Claro. La edición editorial estuvo a cargo de Cristian Erazo, todos miembros del equipo OEM.

[2]Tomado de https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210503-colombia-protestas-violencia-policial-duque

[3]Tomado de https://twitter.com/MutanteOrg/status/1390015992336719874/photo/1

[4] Tomado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-51672016000100004

[5]Tomado de https://www.elempleo.com/co/noticias/noticias-laborales/desempleo-en-colombia-aumento-en-enero-de-2021-6259#:~:text=En%20enero%20de%202021%20se,enero%20(13%25)%20de%202020.&text=La%20poblaci%C3%B3n%20ocupada%20en%20el,20%2C0%20millones%20de%20personas.

[6] Tomado de https://oemcolombia.com/boletin-03-violencia-en-las-mujeres-del-valle-del-cauca/

[7]Tomado de  https://www.defensoria.gov.co/es/nube/enlosmedios/9555/%C2%BFViven-o-sobreviven-Durante-2020-en-Colombia-ya-van-63-homicidios-contra-personas-LGBTI.htm

[8]Tomado de  https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/9517d5d3-4f92-4790-ad46-81064bf00a62/pedagogias-de-la-crueldad

[9]Tomado de  https://www.elespectador.com/noticias/nacional/hagale-lo-que-quiera-las-denuncias-por-violencia-sexual-en-paro-nacional/

[10] Tomado de  http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/

¡La gravedad del Estado colombiano!2021-05-10T17:49:13-05:00

Carta a las mujeres colombianas y solicitud al gobierno nacional

Carta a las mujeres colombianas y solicitud al gobierno nacional[1]

Mujeres:

 

Ustedes nos han entregado todo. No tenemos como valorar lo que sus vidas han implicado para el bienestar de este país. Sus luchas han representado la diferencia entre la vida y la muerte para sus comunidades.

Sabemos que la situación actual del país es un motivo de gran preocupación para ustedes. No solo las reformas políticas pretenden perjudicar sus derechos a la salud, la alimentación y una vida digna, sino que esta lucha está cobrando las vidas de los más jóvenes, de sus hijas e hijos.

Las cifras muestran que las mujeres sufren más el desempleo, la pobreza, la inequidad y el abandono estatal. Las violencias contra las mujeres constituyen un flagelo que les impide tener una vida como ciudadanas plenas. Las afugias del día a día hacen que las mujeres y sus hijas e hijos sufran con desproporcionada crueldad la escasez y la miseria que ha sido reservada históricamente para los pueblos racializados y excluidos.

Las mujeres han sido golpeadas con mayor tenacidad por la crisis generada por la actual pandemia. Esto hace complemente improcedente plantear una reforma tributaria que no tiene perspectiva de género (tal y como se planteó la reforma recientemente retirada), así como cualquier política pública que no sea capaz de entender la posición diferenciada de las mujeres.

Por estas razones, hoy le pedimos al gobierno que incluya las voces de las mujeres en la conversación nacional y que la clase dirigente haga un esfuerzo —como nunca antes se ha hecho— para que las ideas de las mujeres sean escuchadas e incluidas en las políticas públicas. Desde distintos rincones del país, muchas mujeres nos han dado ejemplo de cómo salir del conflicto y superar el pensamiento guerrerista: por ejemplo, la Ruta Pacífica de las Mujeres, las Madres de Soacha, Siempre Vivas (Cauca), Mujeres de Inzá (Cauca), Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales (Suárez, Buenos Aires, Guachené, Santander de Quilichao, Puerto Tejada y Caloto en el norte del Cauca), Fuerza de Mujeres Wayuu, Colectivos Bordados por la Paz, Voces del Cuidado de Mujeres Rurales Colombianas, Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado (Bogotá), etc.

Mujeres, sabemos que un país mejor para todas, todos y todes es posible.

Equipo OEM

[1] Esta carta fue escrita por Ana María Agredo, Natalia Escobar y Sandra Balanta. La edición editorial a cargo de Cristian Erazo, todos miembros del equipo OEM.

Carta a las mujeres colombianas y solicitud al gobierno nacional2021-05-08T09:52:31-05:00

Boletín #6 OEM-Edición Especial con FWWB Colombia Género, cuidado y COVID-19

El presente boletín busca visibilizar las dimensiones sociales y económicas que han sido impactadas durante la crisis en relación con el ahorro; al tiempo que se expone a éste como una estrategia que permite hacer frente al panorama de incertidumbre e inestabilidad actual. Esto sin dejar de lado el rol fundamental que tienen las instituciones y el Estado en la superación de la crisis y la garantía de derechos.

Boletín #6 OEM-Edición Especial con FWWB Colombia Género, cuidado y COVID-192021-04-06T18:07:41-05:00
Go to Top