La Corte Constitucional, en Sentencia T-725 de 2021, decidió que el escrache debe tener protección constitucional reforzada. Esta práctica es una manifestación de la libertad de expresión, que tiene el propósito de servir como mecanismo complementario al derecho que tienen las personas victimizadas para denunciar violencias basadas en género a través de las redes sociales o de medios físicos. No obstante, el escrache debe perseguir fines legítimos y ser responsable en el tipo de datos que se divulgan. Por ejemplo, no se pueden publicar datos personales del presunto agresor como la cédula o dirección de su domicilio.

Datos de identificación de la sentencia: Corte Constitucional de Colombia. (18 de agosto de 2021). Sentencia T-275, M.P.: Paola Andrea Meneses Mosquera.

Enlace Haz click aquí

Hechos del caso:

Pedro Pérez, en medio de un episodio psicótico agudo, entró desnudo y por la fuerza al apartamento de un vecino, Sandro Santa, para después agredir sexualmente a su hija de 16 años, mientras aseguraba que “él era Dios, ella María y que venía a engendrar a Jesús”. Por estos hechos, Santa denunció penalmente a Pérez por acto sexual violento. Mónica Muñoz, una amiga de la familia Santa, denunció públicamente en su página de Facebook, donde aseguró que Pedro Pérez había intentado abusar sexualmente de la menor de edad. La denuncia estaba acompañada de fotos de Pérez y contenía información personal. Gracias a la difusión que tuvo la publicación, dos colectivas feministas publicaron una pieza gráfica denunciando los hechos en sus cuentas de Facebook e Instagram.

A raíz de las denuncias en redes sociales, Pérez presentó acción de tutela pidiendo la protección de sus derechos fundamentales al buen hombre, la honra, la dignidad humana, la intimidad e imagen, y la presunción de inocencia. Adicionalmente, solicitó que se le ordenara a Sandro Santa, a Mónica Muñoz y a las administradoras de las dos colectivas feministas que rectificaran la información, se retractaran de lo publicado y le ofrecieran disculpas públicas. El juez de primera instancia no concedió la tutela. Pedro impugnó la decisión y, en segunda instancia, sí se concedieron sus pretensiones y se tutelaron sus derechos.

El caso fue revisado por la Corte Constitucional que, en sentencia T-275 de 2021, resolvió estas preguntas:

¿La señora Mónica Muñoz y los colectivos feministas I y II vulneraron los derechos fundamentales a la honra, buen nombre y presunción de inocencia del señor Pedro Pérez al publicar en sus perfiles de Facebook e Instagram que el accionante (i) era un “mal nacido hijo de puta drogado” y (ii) había “violentado”, “intentado violar” y “abusar sexualmente” a la hija menor de edad del señor Sandro Santa?

¿La señora Mónica Muñoz y las administradoras de los perfiles de Facebook e Instagram de los colectivos feministas I y II vulneraron los derechos fundamentales a la intimidad y a la imagen del señor Pedro Pérez al publicar en redes sociales, sin autorización previa, (i) el número de cédula del accionante, (ii) una foto suya y de su madre; y (iii) la dirección de su lugar de residencia?

Argumentos y decisión:

La Corte determinó que el derecho a la libertad de expresión protege la facultad de las personas de denunciar la comisión de delitos de los que sean víctimas, o de aquellos que conozcan a través de redes sociales, incluso antes de que exista sentencia que declare responsabilidad penal. La Corte reconoce esta acción directa, también llamada escrache, y determina que goza de protección constitucional reforzada, debido a que se trata de denuncias relacionadas con violencias basadas en género que afectan de manera particular y aguda a las mujeres y a la comunidad LGBTIQ. Sin embargo, esto no da el derecho a publicar datos privados del presunto agresor, tales como fotos, dirección de domicilio y número de cédula. Por lo tanto, quien denuncia mediante el escrache debe tener cuidado y responsabilidad con la información que divulga.

Respecto a las denuncias, la Corte sostuvo que una acusación de esta índole no vulnera la honra y buen nombre del acusado, siempre y cuando: (i) satisfaga las cargas de veracidad e imparcialidad, (ii) persiga fines constitucionalmente importantes y (iii) no afecte de manera desproporcionada la reputación del acusado. Igualmente, este tipo de publicaciones no vulnera el derecho a la presunción de inocencia, siempre que los emisores de la información: (i) no afirmen que el presunto agresor fue declarado penalmente responsable si no hay sentencia condenatoria aún, (ii) adopten formas lingüísticas condicionales o dubitativas (por ejemplo, presunto, eventualmente) y (iii) se abstengan de acusar y hostigar a los acusados.

Con base en estos argumentos, la Corte Constitucional decidió confirmar parcialmente lo decidido en la sentencia de segunda instancia, en tanto ordenó retirar la cédula, dirección y fotos del presunto agresor de las publicaciones hechas por Mónica Muñoz y las colectivas feministas, y que estas ofrecieran a Pedro Pérez disculpas privadas por publicar esa información de carácter personal. A pesar de estas órdenes, no protegió los derechos fundamentales a la honra, buen nombre y presunción de inocencia de Pedro Pérez.

Sergio Urrego era un joven de 16 años que decidió quitarse la vida luego de que el colegio en el cual estudiaba lo acosara debido a su orientación sexual. La Corte Constitucional revisó la acción de tutela presentada por la madre de Sergio y estableció directrices para las instituciones educativas en materia de prohibición de discriminación por motivos de sexualidad y género.

Datos de identificación de la sentencia: Corte Constitucional de Colombia. (3 de agosto de 2015). Sentencia T-478, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.

Enlace Haz click aquí

Hechos del caso:

Sergio David Urrego Reyes, de 16 años, estudiaba en el colegio Gimnasio Castillo Campestre. Tenía una relación amorosa con Horacio, compañero del colegio. Un día se tomaron una foto dándose un beso con el celular de otra compañera. La foto llegó a las directivas del colegio por medio del profesor de educación física, quien había confiscado el celular de la menor. Debido a la foto, el colegio inició un proceso disciplinario contra Sergio por violar el manual de convivencia al hacer demostraciones de afecto obscenas en el plantel educativo. A partir de ese momento, las directivas del colegio adoptaron una conducta sistemática de discriminación en contra del adolescente, motivada principalmente por su orientación sexual. Los padres de Horacio denunciaron penalmente a Sergio por acoso sexual y esto, sumado al proceso disciplinario, llevó a que las directivas resolvieran expulsarlo del colegio. El 4 de agosto de 2014, Sergio, un chico gay de 16 años, se suicidó.

Posteriormente, la madre de Sergio Urrego, la señora Alba Lucía Reyes Arenas, presentó acción de tutela en nombre propio y en representación de su difunto hijo Sergio David Urrego Reyes en contra del colegio Gimnasio Castillo Campestre, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación y la Comisaría Décima de Familia de Engativá por considerar, en primer lugar, que las directivas de la institución educativa demandada promovieron conductas sistemáticas de discriminación en contra de su hijo por su orientación sexual, tanto en el proceso disciplinario que se surtió en su contra, como con la información que fue difundida con posterioridad al fallecimiento del niño en los medios de comunicación. Ello favoreció a que su hijo tomara la decisión de quitarse la vida. En segundo lugar, frente a las demás entidades estatales acusadas en la tutela, estima que estas desplegaron una conducta omisiva ante las diferentes denuncias que se realizaron con fundamento en las actuaciones equivocadas de la institución educativa, por lo que incurrieron en la violación de los derechos fundamentales del menor de edad. Así, las decisiones que se tomaron en el caso de Sergio desconocieron sus derechos fundamentales a la dignidad, igualdad y debido proceso.

La señora Alba solicitó al juez la protección constitucional de los derechos a la intimidad y buen nombre de su hijo, así como a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, al derecho a la educación, y la prevalencia de los derechos de los niños en el ordenamiento jurídico. Pidió que se realizara un acto público de desagravio en nombre de Sergio para que cesaran las perturbaciones al buen nombre y a la memoria de Sergio y que se le conceda el grado póstumo de bachiller, en presencia de familiares y amigos.

El juez constitucional, en primera instancia, amparó los derechos de la accionante, pues considera que era clara la actitud discriminatoria por parte del colegio hacia Sergio, debido a su orientación sexual. El abogado representante del colegio impugnó la decisión y el juez de segunda instancia revocó la decisión, negando que hubiera discriminación y vulneración a los derechos de Sergio.

El caso fue revisado por la Corte Constitucional, la cual, en sentencia T-478 de 2015, resolvió estas preguntas:

a) ¿El proceso disciplinario que el colegio inició con Sergio fue una expresión de hostigamiento escolar institucional que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre, intimidad, igualdad, libre desarrollo de la personalidad y dignidad?

b) ¿Vulneró el colegio el derecho a la intimidad y al buen nombre de la familia, con las alegaciones que hizo el plantel educativo ante los medios de comunicación y a través de su comunicado, con posterioridad al fallecimiento del adolescente?

Argumentos y decisión:

La Corte Constitucional afirmó que el proceso disciplinario en contra de Sergio fue utilizado por el colegio como un medio para reprimir una expresión de la personalidad del joven que, como ejercicio libre, consentido y voluntario de la sexualidad, es compatible con las garantías constitucionales del ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, se desconocieron en el proceso los derechos al libre desarrollo de la personalidad, igualdad y dignidad de Sergio, porque se configuró una actitud institucional de acoso que terminó por expresarse a través de una posición discriminatoria consagrada en las acciones y omisiones realizadas. Por lo tanto, la Corte decidió conceder la protección de los derechos fundamentales a la intimidad y buen nombre, igualdad y no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la educación, la prevalencia de los derechos de los menores de edad y el derecho al debido proceso de la señora Alba y su hijo Sergio por las actuaciones de acoso escolar y discriminación de las que fueron víctimas por parte del colegio.

Por otra parte, la Corte Constitucional afirmó que las instituciones educativas deben resolver en procesos pedagógicos o conciliatorios las diferencias y controversias que surjan dentro del foro educativo como parte del proceso formativo de las personas y de los ciudadanos. Por lo tanto, se pensará en la sanción punitiva (instancias penales y/o procesales, por ejemplo, un disciplinario) como última opción en la resolución de conflictos al interior de los centros académicos. No obstante, la expresión de la sexualidad de los estudiantes no debe ser motivo de controversia ni mucho menos constituir una falta disciplinaria, ni menos aún un fundamento constitucionalmente válido para la imposición de sanciones en el ámbito educativo, particularmente el retiro de la institución. La prohibición de discriminación por razón de género o de orientación sexual es absoluta y ningún tercero, ya sean otros estudiantes o las autoridades del colegio, pueden perseguir o amedrentar a los estudiantes que deciden asumir voluntariamente una opción sexual diversa.

Ninguna empresa, y mucho menos una institución educativa, puede despedir a una persona porque esta denunció actos de violencia de género cometidos por una persona perteneciente a la empresa o institución. Los empleadores no pueden revictimizar a las víctimas y deben asegurar que los espacios laborales sean espacios libres de violencia.

Datos de identificación de la sentencia: Corte Constitucional de Colombia. (14 de noviembre de 2014). Sentencia T-878, M.P.: Jorge Iván Palacio.

Enlace Haz click aquí

Hechos del caso:

Esperanza fue profesora de la Fundación Universitaria Tecnológico de Comfenalco de Cartagena durante 5 años. Nunca recibió llamados de atención o señalamientos relacionados con la calidad de su trabajo. A pesar de ello, fue despedida de forma unilateral y sin justa causa por presentar denuncia por violencia física contra su entonces pareja sentimental, quien también era parte de la universidad en calidad de estudiante. La decisión fue tomada con posterioridad a que su caso fuera expuesto ante el plantel del departamento al que estaba adscrita la profesora y, en virtud de la conservación del buen nombre de la universidad y la prohibición de las relaciones amorosas entre profesores-estudiantes, fue despedida. Ello desconociendo los maltratos que la profesora sufrió por parte de quien era su pareja sentimental.

En consecuencia, Esperanza presentó acción de tutela solicitando el reintegro a su puesto de trabajo, pero esta pretensión es negada.

El caso fue revisado por la Corte Constitucional y, en sentencia T-878 de 2014, procedió a resolver la siguiente pregunta:

¿Vulneró la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco los derechos a la igualdad, dignidad e intimidad de la señora Esperanza al despedirla sin justa causa después de que ella denunciara maltratos por parte de su expareja sentimental, quien era estudiante de la institución universitaria?

Argumentos y decisión:

La Convención Americana sobre Derechos Humanos —apunta la Corte— prohíbe cualquier forma de discriminación por razón de género. Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres reconoce que la exposición, limitación, segregación o cualquier otra forma de manifestación de violencia basada en género son manifestaciones de dominación históricas de los hombres hacia las mujeres, y cualquier acto que menoscabe la vida y la libertad de las mujeres, tanto en espacios públicos como privados, son violencias que deben eliminarse, aún en especial, en espacios de trabajo.

Por su parte, la Corte aclara que el Estado es garante y responsable de asegurar que las mujeres vivan una vida libre de violencias. Con el objetivo de contrarrestar las violencias y maltratos sufridos por las mujeres, el Estado debe implementar medidas que impidan la propagación o continuación de situaciones amenazantes en la vida de la mujer que denuncia, así como activar todos los sistemas de atención prioritaria. Igualmente, sin importar si la persona acude a un proceso judicial o policivo, asegura la Corte que la tutela es el principal mecanismo para atender y velar por la protección de los derechos de las mujeres, pues la violencia de género constituye una afección grave de los derechos fundamentales que no puede esconderse, ni por asegurar la reputación de una institución, ni por considerarse como un asunto privado del hogar. Por otra parte, la Corte establece que los empleadores perpetúan situaciones de intimidación, violencia y agresión al despedir a las víctimas aludiendo a supuestas disposiciones reglamentarias o amparándose en el “buen nombre de la institución”. El despido, entonces, resulta violatorio de los derechos de las mujeres.