Identificación de la sentencia

Fecha: 26 de junio de 2018 MP: Gloria Stella Ortiz Delgado Radicado: T – 239 de 2018, de Corte Constitucional Enlace: https://cutt.ly/wLCNEoD

Problema por resolver

¿La terminación del contrato laboral sin justa causa y con indemnización, amparada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, por parte de la Universidad de Ibagué se encuentra dentro del margen de la autonomía universitaria en el ejercicio de su ámbito de contratación de personal o tal actuación violó los derechos a la libertad de expresión, a la no discriminación y al trabajo de la profesora Mónica Godoy?

Regla

El ejercicio de la autonomía universitaria está limitado por el respeto a los derechos fundamentales. Por tanto, las instituciones de educación superior, al aplicar el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo (que permite la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa), deben ejercer dicha facultad con observancia de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sin que puedan utilizarla como pretexto para un despido fundado en motivos discriminatorios.

Contexto
La profesora Mónica Godoy, como coordinadora del diplomado de Equidad de Género de la Universidad de Ibagué en el año 2017, fue la encargada del manejo de varios casos de acoso laboral y sexual denunciados por las vigilantes de seguridad de dicha universidad, quienes manifestaron que estos actos habían sido cometidos por sus compañeros de trabajo y un supervisor. Igualmente, Mónica informó a las directivas de un presunto caso de abuso sexual que denunció una estudiante.
La profesora Godoy denunció de manera diligente las violencias basadas en género y los acosos laborales ocurridos en el establecimiento educativo, sirviendo de puente entre las víctimas y las directivas. Llegó hasta el punto de recomendar a la universidad seguir el debido proceso, ya que había despedido a varios de los implicados en las situaciones denunciadas sin haber dado una oportunidad de escucha y confrontación con las víctimas. Asimismo, recomendó establecer un protocolo para el manejo de casos de acoso laboral y sexual. La respuesta de la universidad fue despedirla sin justa causa y de forma anticipada, ya que aún faltaba tiempo para que su contrato laboral terminara, motivo por el cual la profesora presentó acción de tutela solicitando su reintegro a la institución.

Derechos involucrados
Derechos fundamentales a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, al libre desarrollo de su personalidad, a no ser discriminada por su opinión política o filosófica y al trabajo.

Identificación de la sentencia

Fecha: 26 de junio de 2018 MP: Gloria Stella Ortiz Delgado Radicado: T – 239 de 2018, de Corte Constitucional Enlace: https://cutt.ly/wLCNEoD

Problema por resolver

¿La terminación del contrato laboral sin justa causa y con indemnización, amparada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, por parte de la Universidad de Ibagué se encuentra dentro del margen de la autonomía universitaria en el ejercicio de su ámbito de contratación de personal o tal actuación violó los derechos a la libertad de expresión, a la no discriminación y al trabajo de la profesora Mónica Godoy?

Regla

El ejercicio de la autonomía universitaria está limitado por el respeto a los derechos fundamentales. Por tanto, las instituciones de educación superior, al aplicar el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo (que permite la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa), deben ejercer dicha facultad con observancia de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sin que puedan utilizarla como pretexto para un despido fundado en motivos discriminatorios.

Contexto
La profesora Mónica Godoy, como coordinadora del diplomado de Equidad de Género de la Universidad de Ibagué en el año 2017, fue la encargada del manejo de varios casos de acoso laboral y sexual denunciados por las vigilantes de seguridad de dicha universidad, quienes manifestaron que estos actos habían sido cometidos por sus compañeros de trabajo y un supervisor. Igualmente, Mónica informó a las directivas de un presunto caso de abuso sexual que denunció una estudiante.
La profesora Godoy denunció de manera diligente las violencias basadas en género y los acosos laborales ocurridos en el establecimiento educativo, sirviendo de puente entre las víctimas y las directivas. Llegó hasta el punto de recomendar a la universidad seguir el debido proceso, ya que había despedido a varios de los implicados en las situaciones denunciadas sin haber dado una oportunidad de escucha y confrontación con las víctimas. Asimismo, recomendó establecer un protocolo para el manejo de casos de acoso laboral y sexual. La respuesta de la universidad fue despedirla sin justa causa y de forma anticipada, ya que aún faltaba tiempo para que su contrato laboral terminara, motivo por el cual la profesora presentó acción de tutela solicitando su reintegro a la institución.

Derechos involucrados
Derechos fundamentales a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, al libre desarrollo de su personalidad, a no ser discriminada por su opinión política o filosófica y al trabajo.

Identificación de la sentencia

Fecha: 18 de agosto de 2021 MP: Paola Andrea Meneses Mosquera Radicado: T – 275 de 2021, Corte Constitucional Enlace: https://cutt.ly/9LCGfso

Problema por resolver

El derecho a la libertad de expresión protege la facultad de las personas a denunciar la comisión de hechos delictivos de los que sean víctimas o tengan conocimiento por medio de redes sociales (lo que se conoce como escrache), aún antes de que exista sentencia condenatoria. Esta facultad goza de protección constitucional reforzada, lo que quiere decir que acusaciones o denuncias públicas no vulneran la honra ni el buen nombre del acusado, siempre y cuando: sea veraz e imparcial, sea un tema constitucionalmente relevante, no cause afectaciones desproporcionadas a la reputación del acusado. Tampoco afecta la presunción de inocencia, siempre que la persona que acuse no afirme que el acusado es penalmente responsable y si abstenga de acusarlo directamente y de hostigarlo; debe mantener un lenguaje condicional.

Este derecho al escrache tiene otros límites como publicar datos privados o semiprivados del acusado, como fotos, dirección y número de cédula. Quien denuncia tiene el deber de cuidado y responsabilidad con la información que divulga.

Regla

El caso que motivó la revisión de la Corte es el siguiente: Pedro Pérez, en medio de un ataque psicótico agudo, irrumpió en el apartamento de una familia vecina, golpeó a la hija menor de edad del señor Sandro Santa, diciendo que él era dios, ella María y venía a engendrar a Jesús. Pedro Pérez fue denunciado penalmente por el delito de acto sexual violento y, además, una amiga de la familia afectada denunció el acto en página de Facebook, y otro colectivo feminista hizo una pieza gráfica denunciado el caso y divulgó datos personales de Pedro Pérez como fotos, número de cédula y dirección. Por estas publicaciones, Pedro Pérez presentó acción de tutela.

Contexto
La profesora Mónica Godoy, como coordinadora del diplomado de Equidad de Género de la Universidad de Ibagué en el año 2017, fue la encargada del manejo de varios casos de acoso laboral y sexual denunciados por las vigilantes de seguridad de dicha universidad, quienes manifestaron que estos actos habían sido cometidos por sus compañeros de trabajo y un supervisor. Igualmente, Mónica informó a las directivas de un presunto caso de abuso sexual que denunció una estudiante.
La profesora Godoy denunció de manera diligente las violencias basadas en género y los acosos laborales ocurridos en el establecimiento educativo, sirviendo de puente entre las víctimas y las directivas. Llegó hasta el punto de recomendar a la universidad seguir el debido proceso, ya que había despedido a varios de los implicados en las situaciones denunciadas sin haber dado una oportunidad de escucha y confrontación con las víctimas. Asimismo, recomendó establecer un protocolo para el manejo de casos de acoso laboral y sexual. La respuesta de la universidad fue despedirla sin justa causa y de forma anticipada, ya que aún faltaba tiempo para que su contrato laboral terminara, motivo por el cual la profesora presentó acción de tutela solicitando su reintegro a la institución.

Derechos involucrados
Derechos fundamentales a la intimidad, honra, imagen, buen nombre, dignidad humana y presunción de inocencia -VS- Libertad de expresión.

Identificación de la sentencia

Fecha: 23 de febrero de 2022 MP: Alberto Rojas Ríos Radicado: T – 061 de 2022, de Corte Constitucional Enlace: https://cutt.ly/ULC0vXt

Problemas por resolver
¿Mónica Godoy Ferro incurrió en un ejercicio no protegido de la libertad de expresión, y en esa medida vulneró los derechos a la honra, buen nombre e intimidad del profesor Fabian Sanabria, al asesorar dos informes en los que se señala, entre otras cosas, al profesor de acosar sexualmente a estudiantes sin el suficiente respaldo documental, o sí por el contrario, por la temática que abordan los informes (violencia basada en el género en un contexto universitario) se trata de un ejercicio que goza de protección reforzada?
¿La orden proferida por los jueces de tutela, conforme a la cual, en adelante, la profesora Mónica no deberá referirse al profesor Fabian Sanabria Sánchez constituye un caso de censura previa contrario al artículo 20 constitucional?
Regla
Son protegidos por el derecho a la libertad de expresión general la difusión de denuncias públicas hechas por una persona o colectivo contra actos de Violencia Basada en Género (VBG) al interior de una institución de educación superior, en especial si los denunciados han ejercido cargos de responsabilidad en la universidad. Cualquier acto de censura a estas denuncias es reprochable.
La Universidad Nacional de Colombia debe actualizar la normatividad vigente sobre procesos disciplinarios contra miembros de la comunidad académica.
El Ministerio de Educación debe exigir a las universidades crear instrumentos normativos dirigidos a atender, prevenir, investigar y sancionar los casos de violencias basadas en género que se presenten en los centros de educación superior del país.
Contexto
Un colectivo de estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá con asesoría de Mónica Godoy Ferro, presentaron dos informes ante la Universidad en los cuales se denunciaba públicamente casos de violencia sexual y con los cuales se buscaba alertar a la comunidad académica y “activar los procesos disciplinarios contra los supuestos responsables de casos de violencia sexista al interior del campus universitario”. Entre los profesores denunciados se encontraba Fabián Sanabria, quien presentó acción de tutela contra Mónica Godoy.
Derechos involucrados
Derechos constitucionales a la intimidad, buen nombre y honra. Por otro lado, el derecho a la libertad de expresión.