La garantía de condiciones sociales, económicas y culturales dignas es un derecho que no ha de ser objeto de discriminación y exclusión alguna. Con relación a ello, el Estado debe proveer esfuerzos y acciones articuladas que permitan el desarrollo integral y armónico de poblaciones históricamente excluidas. Este debe comprender un proceso con enfoque interseccional, dado
que la convergencia étnica, racial, diversidad sexual e identidad de género configuran mayores niveles de vulnerabilidad ante violencias, discriminaciones y exclusiones múltiples (Castro, 2018).
